El brutalismo tecnológico frente a la gobernanza de la IA en la Administración Pública 

Por César Jacinto Villegas Campoy

Resumen

El concepto de brutalismo tecnológico en la administración pública hace referencia a la implementación de tecnologías, en particular la inteligencia artificial (IA), con un enfoque centrado en la eficiencia operativa y la reducción de costos, sin considerar su impacto en la equidad y los derechos humanos. En la gestión pública, este enfoque ha sido promovido por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), orientando la automatización de procesos hacia la desregulación y la disminución del papel del Estado en la protección social. En contraste, la gobernanza de la IA debe basarse en principios de transparencia, rendición de cuentas y equidad, garantizando que la tecnología no refuerce desigualdades estructurales ni se convierta en un mecanismo de control social. En este sentido, la gobernanza de la IA en la administración pública debe orientarse hacia la consolidación de un Estado digital democrático e inclusivo, que proteja los derechos fundamentales y fomente la participación ciudadana en el desarrollo y supervisión de las tecnologías emergentes.

Introducción

Con relación a la película nominada al Oscar relacionada con el movimiento arquitectónico brutalismo, hace unos días escuché a Lorenzo Meyer utilizar la expresión brutalismo político, refiriéndose a la forma disruptiva en que Donald Trump —yo agrego junto con su think tank oligárquico— impulsa una serie de iniciativas sin pasar por el legislativo, bajo la modalidad de órdenes ejecutivas para avanzar en una «reforma del gobierno», que en realidad representa una transformación del modelo de desarrollo de Estados Unidos y, en última instancia, del orden mundial.

Desde esta perspectiva, la expresión brutalismo político también nos permite comprender la naturaleza y características de la estrategia de uno de sus principales patrocinadores: Elon Musk, actual encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración Trump. Su propósito radica en desregular y reducir la estructura de la administración pública federal, priorizando la eficacia tecnológica sobre la equidad y el bienestar social, en lo que constituye una manifestación clara de brutalismo tecnológico.

Del brutalismo arquitectónico y político al brutalismo tecnológico en la administración pública

El brutalismo, como movimiento arquitectónico, se asocia con la sobriedad, monumentalidad, funcionalidad y eficiencia en la construcción de edificios públicos e institucionales propios del Estado benefactor. Sin embargo, también se le ha vinculado con la alienación, frialdad, deshumanización y descomposición social. Por analogía, el brutalismo político describe una forma de liderazgo caracterizada por la dureza, la implacabilidad y la falta de consideración por el impacto social de sus decisiones. Esta visión de gobierno se caracteriza por el desprecio por la democracia, el debilitamiento de las instituciones, el uso de la fuerza y la represión para mantener el control, la carencia de empatía y la priorización de la eficacia sobre la justicia social y los derechos humanos.

En este contexto, la visión de eficiencia gubernamental del DOGE, bajo el pretexto de reducir el gasto público y hacer más eficiente el aparato gubernamental, ha impulsado medidas como: la eliminación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB); recortes sustanciales en entidades como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); terminación de arrendamientos de oficinas federales y revisión de contratos y subvenciones consideradas «innecesarias»; acceso al sistema de pagos del Tesoro, que incluye información bancaria y pagos del Seguro Social, así como la revisión de la estructura del Departamento de Educación y de la Administración del Seguro Social.

Este enfoque de manera clara encarna el brutalismo tecnológico, ya que prioriza la eficacia y la reducción de costos sin una planeación estratégica ni un uso socialmente responsable de la tecnología, particularmente de la inteligencia artificial. Entre sus riesgos destacan: falta de consideración por los derechos de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables; utilización de la tecnología para vigilancia y represión de la disidencia; reducción del papel del Estado en la regulación y protección social; la promoción de la innovación tecnológica sin evaluar sus impactos a largo plazo; uso de estrategias de comunicación y manipulación para modelar la opinión pública.

Gobernanza en la gestión de la inteligencia artificial en la administración pública

La gobernanza en la gestión tecnológica de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública implica establecer normas, procesos y estructuras que permitan su uso eficiente, ético y transparente en la toma de decisiones gubernamentales. Desde la perspectiva de la OCDE (2020), la gobernanza de la IA debe orientarse hacia la transparencia, rendición de cuentas y equidad, evitando que su implementación refuerce desigualdades estructurales o fomente un brutalismo tecnológico que privilegie la eficiencia sobre los derechos ciudadanos. Para ello, es esencial definir marcos regulatorios claros que supervisen la automatización de procesos y garanticen el respeto a principios democráticos, previniendo la opacidad algorítmica y el uso indebido de datos personales.

Los indicadores de desempeño de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SHCP y algunos autores, permiten evaluar la eficacia de la IA en la gestión pública, asegurando que su implementación mejore la eficiencia sin comprometer el bienestar social. La OCDE (2021) destaca la necesidad de medir la eficacia en la prestación de servicios y la calidad de la gestión pública, garantizando que los algoritmos refuercen la rendición de cuentas. Por su parte, la SHCP (2022) enfatiza la importancia de evaluar el desempeño institucional, asegurando que la IA no sustituya el juicio humano en decisiones de alto impacto. En complemento Feolen M. (2023) promueve un enfoque de gestión basada en resultados, exigiendo métricas que midan el impacto de la IA en la inclusión digital y la equidad en el acceso a servicios públicos.

Para alcanzar una gobernanza tecnológica responsable, es fundamental que el uso de la IA en la administración pública se enfoque en la protección de derechos fundamentales y la participación ciudadana. La OCDE (2020) recomienda el uso de auditorías algorítmicas para identificar sesgos y evaluar el impacto social de la automatización. Además, la administración pública debe garantizar que la implementación de IA siga los principios de transparencia y ética, evitando su uso con fines de vigilancia masiva o manipulación de la opinión pública. La gobernanza de la IA debe, por tanto, priorizar el bienestar colectivo sobre la simple optimización de costos, asegurando que la tecnología sirva como un instrumento para fortalecer la democracia y no como una herramienta de control social.

Conclusiones

La gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública debe priorizar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad, evitando el brutalismo tecnológico que privilegia la eficiencia sobre los derechos ciudadanos.

Los indicadores de desempeño de la OCDE, la SHCP y la USAID permiten medir la efectividad de la IA en la gestión pública, asegurando que su implementación mejore la calidad de los servicios sin comprometer el bienestar social.

Para alcanzar una gobernanza tecnológica responsable, es crucial que la IA fortalezca la democracia en lugar de convertirse en un instrumento de control social. La supervisión ciudadana, la ética en el diseño de algoritmos y un marco normativo adecuado deben garantizar que la IA en el sector público respete los derechos fundamentales y fomente la inclusión digital, en lugar de reproducir la lógica del brutalismo tecnológico.

Referencias

• OCDE. (2022). Uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe. https://www.oecd.org/es/publications/2022/03/the-strategic-and- responsible-use-of-artificial-intelligence-in-the-public-sector-of-latin-america-and-the- caribbean_17c90e5e.html.
• OCDE. (2019). Cómo medir la transformación digital HOJA DE RUTA PARA EL FUTURO. chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/public ations/reports/2019/03/measuring-the-digital-transformation_g1g9f08f/af309cb9-es.pdf.
• SHCP. (2019). Acuerdo del Sistema de Evaluación del Desempeño. https://www.gob.mx/shcp/documentos/acuerdo-del-sistema-de-evaluacion-del-desempeno.
  Feolen Marcos. (2023). Guía práctica para el desarrollo ético de sistemas basados en inteligencia artificial. https://fund.ar/publicacion/guia-practica-para-el-desarrollo-etico/.

Acerca del autor

César Jacinto Villegas Campoy es Doctor en Derecho, consultor, oficial de cumplimiento certificado, articulista y profesor del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Es facilitador de la Escuela de Derecho y Gobierno y la Escuela de Negocios de Pacífico Universidad, así como de otras instituciones de educación superior y posgrado en México.